Ponencia que sostiene que los procesos de ajuste y las transformaciones en las modalidades de intervención del Estado parecen haber sido acompañados por un debilitamiento de la "capacidadf de regulación societal", en relación al modelo de Estado Social. Ante un creciente número de demandas, aparecen cada vez más dificultades para intervenir en lo social. En parte, los propios productos generados por los Estados de bienestar atentaron contra el objetivo de generar formas de vida más justa y solidarias. Por una parte, se desarrollaron enormes burocracias que, a pesar de su peso en la vida social, constituyeron un obstáculo para una gestión más eficiente. Por otra parte, al no fomentar lo suficiente la responsabilidad social (no obstante su compromiso social), el Estado de bienestar renunció a regularse a sí mismo. Esto explicaría de algún modo que la pérdidad de derechos sociales y el recorte en los alcances de la ciudadanía social se hayan producido sin reclamos contundentes, sino más bien con resignación, por parte de la sociedad civil. Procura responder a: ¿qué se entiende por capacidad de gestión del Estado?, ¿puede el Estado recuperar un rol "direccionador" en materia de políticas sociales? ¿qué funciones estatales deberían fortalecerse?, ¿cómo pensar la capacidad de gestión estatal en relación a las tradicionales políticas sociales sectoriales?, ¿existe relación entre los procesos de segmentación social y esta aparente debilidad estatal?. Dicho de otro modo: un fortalecimiento de las capacidades estatales ¿podría tener efectos beneficiosos para generar procesos de integración social?. Entiende por capacidad de gestión la aptitud del Estado para diseñar y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes. En el área social, sería un rol activo del Estado en la gestión/coordinación de políticas sociales que permitan compensar desigualdades y promover el desarrollo. Al hablar de eficiencia pregunta ¿cuáles son los criterios, cuál es la racionalidad de esa eficiencia? Es una eficiencia basada en criterios puramente económicos (racionalización del gasto), administrativos (descentralización, informatización, en síntesis: modernización de la gestión) o en criterios de equidad (acceso, cobertura, participación de los usuarios, etc.). La determinación de cuales criterios de eficiencia serán prioritarios (aunque nunca excluyentes de posibles combinaciones) está sustentada en decisiones políticas y responde a un modelo de Estado deseable. Esto es importante explicitarlo a la hora de analizar capacidades/incapacidades estatales. La capacidad de gestión debe ser analizada también en el contexto de una sociedad que ha cambiado radicalmente las formas de acción colectiva. El Estado en la región no logra adaptarse a los desafíos impuestos por las nuevas tecnologías y las nuevas condiciones del mercado laboral. El proceso de revolución tecnológica se inserta en un contexto económico y social de globalización, extendida como la constitución de un sistema mundial interdependiente, con una economía cada vez más internacionalizada. En este marco, es evidente que hay Estados mejor posicionados para insertarse como actores con proyectos propios en estos nuevos procesos, y esta ventaja está íntimamente ligada a su capacidad de regulación nacional. En el ámbito de las acciones sociales del Estado, plantea h

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