Tipo de ítem | Biblioteca actual | Solicitar por | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro |
Biblioteca Central
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INAP-AR:D.6/249 | Disponible | 001220 |
Trabajo que tiene por objetivos: 1) analizar las formas de interacción del Estado con los actores privados en la regulación de la provisión de bienes y servicios básicos para el conjunto social, y 2) plantear propuestas para la puesta en funcionamiento de nuevos entes de regulación. Tras delinear la problemática de la regulación, reseña las características de los siguientes entes nacionales reguladores de servicios públicos: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el Ente Nacional Regulador del Gas, el Ente Regulador de Obras y Servicios Sanitarios, la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos, la Comisión Nacional de Transporte Automotor, la Comisión Nacional de Regulación Ferroviaria, la Autoridad de Transporte del Area Metropolitana, y la Comisión de Contralor de las Concesiones Viales. Se refiere además a los organismos reguladores pendientes de creación y desarrolla como caso de estudio la experiencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Expresa que como la privatización del servicio telefónico fue realizada previamente a la sanción del marco regulatorio para la actividad y a la constitución del ente encargado de fiscalizar su cumplimiento, la CNT no está aún capacitada para contemplar con eficacia las demandas de los consumidores ni para hacer cumplir las condiciones contractuales establecidas. Propone las siguientes medidas para fortalecer institucionalmente a los entes reguladores: 1) poner en práctica nuevas tecnologías de gestión que garanticen la verificabilidad de los datos suministrados por las empresas y que permitan aumentar la capacidad de fiscalización de los entes, 2) implementar mecanismos de control de calidad en la prestación de los servicios, medir los niveles de satisfacción de los usuarios y establecer tipologías estándar para determinar los niveles de calidad, 3) realizar periodicamente encuestas de opinión púbica con base en el diseño de una matriz de datos que permita un monitoreo permanente de calidad y desempeño. Concluye señalando que la posibilidad de que los entes reguladores puedan consignarse en el futuro como ejemplos de una modalidad diferente del ejercicio del poder estatal, dependerá sobre todo de la creación y ampliación de mecanismos que viabilicen un óptimo nivel de interacción con los usuarios de los servicios, así como la participación institucionalizada de éstos en el proceso de toma de decisiones.
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