El trabajo analiza la propuesta de la “Auditoria Social” como forma de participación que replantea no sólo la relación Estado-Sociedad Civil, sino los procesos de descentralización y la legitimidad de la representación política de los actores sociales y las formas que adquieren ciertas prácticas comunitarias. Para los autores, una Auditoría Social construida desde el actor obliga a repensar el papel de los funcionarios, técnicos y de las organizaciones sociales.