En el umbral de una nueva era, nos encontramos frente a una serie de desafíos, dilemas y perspectivas críticas que darán forma a la política pública de desarrollo territorial y vivienda en los próximos años. Este campo se ha convertido en un crisol donde convergen temas cruciales que afectan no solo la vida de las personas, sino también la sostenibilidad de nuestras comunidades y el bienestar de las generaciones futuras. Los procesos migratorios y la tasa de urbanización de nuestro país, junto al creciente consumo de suelo por habitante, requieren políticas, programas y proyectos concretos para garantizar un acceso justo al hábitat, bajo las premisas de eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad socioambiental. Es imperativo que nuestras ciudades se desarrollen de manera planificada y sostenible, evitando la expansión descontrolada que agota recursos y limita el acceso a la vivienda. La Casa propia es una de las principales aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras, pues garantiza el arraigo, es el soporte de la vida familiar y se constituye como la principal fuente de capitalización. Para nuestro gobierno, la vivienda de producción estatal no es un subproducto de la oferta habitacional general, sino de iguales condiciones, pues se trata de un acto de reparación y justicia social; no hay dos tipos de viviendas sino una sola: la vivienda digna.