El tema de la modernización ha vuelto a llamar la atención: por doquier se utiliza la palabra y prácticamente se aplica a cualquier cosa. En el ámbito de la política se asigna a los más diversos temas, sobre todo en los campos de la economía y la administración pública. Su irrupción no es accidental, ya que su introducción acompaña a la política económica de liberalización implantada por diversos gobiernos en forma reciente.
La modernización se ha asociado a la pugna contra el "tamaño" del Estado, al que se juzga tener dimensiones colosales; se da por hecho que el Estado no solo es organizativamente titánico, sino congénitamente ineficiente, es decir, que sus incapacidades obedecen a enfermedades que le son inherentes y que estas incapacidades se han reproducido e incrementado en la medida en que el Estado ha crecido. Se hace imperativo un programa gubernamental de "des-regulación" que rompa las ataduras de la iniciativa privada y abra el paso al libre juego de las fuerzas del mercado. Finalmente, para favorecer la libre empresa, se requiere la supresión de las conquistas obreras y el desmantelamiento de los contratos colectivos, rémoras del pasado, que estorban un replantamiento de las relaciones entre el capital y el trabajo con miras a la modernización industrial. El Estado moderno, por consiguiente, consiste en un proyecto político caracterizado por la brevedad de su organización; así, el Estado mínimo es signo de modernidad.