El documento analiza la intersección entre corrupción, orden social patriarcal y agenda de género y derechos humanos. Desde una perspectiva que considera a la corrupción como una forma de ejercicio y abuso de poder (mediante la cual ciertos grupos de personas, gobiernos y empresas controlan y oprimen a grupos vulnerables económica, política y socialmente), el autor reflexiona sobre el modo en que el enfoque de género, por un lado, y el discurso y la práctica de los derechos humanos, por otro, pueden realizar aportes significativos para el debate, diseño e implementación de políticas públicas de integridad y de prevención de la corrupción. En esta línea, indaga en una serie de ejemplos y casos donde es posible articular las perspectivas de género y derechos humanos y las políticas preventivas, como en el acceso a los servicios públicos, el aborto y la práctica de la prostitución.

Las compras y contrataciones públicas constituyen un factor clave para que las instituciones estatales puedan cumplir con sus importantes misiones (educación, salud, justicia, defensa, etc.) Por esta razón, y dada la gran incidencia que las compras públicas tienen en el gasto del Estado, resulta crucial que se promueva la trasparencia en estos procedimientos, no solo para investigar y sancionar eventuales hechos de corrupción sino también, y fundamentalmente, para prevenir que esos hechos sucedan. Así se optimiza el gasto y se utilizan más eficientemente los recursos de los ciudadanos.