Las prácticas clásicas de la burocracia administrativa concebían el proceso de toma
de decisiones del Estado como un sistema cerrado, reservado sólo a los funcionarios y
técnicos especializados, sin participación de los destinatarios de las políticas.
En la actualidad, afortunadamente, ya no caben dudas acerca de la importancia de la
participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas y en el control
de los poderes del Estado. Para facilitar y promover estos procesos participativos, en
la Argentina existen diversos mecanismos institucionales. Una de las normas cruciales
sobre esta cuestión es el Decreto 1172/03, de diciembre de 2003, a través del cual se
aprueban herramientas institucionales que promueven la participación ciudadana y el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, entre otras:
• Acceso a la Información Pública
• Publicidad de la Gestión de Intereses
• Audiencias Públicas
• Elaboración Participativa de Normas
Respecto de las dos primeras, la autoridad de aplicación es la Subsecretaría para la
Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete
de Ministros (SSRIyFD), mientras que la Oficina Anticorrupción (OA) es el organismo
encargado de tramitar las denuncias por su incumplimiento.
En cuanto a las dos segundas, la SSRIyFD y la OA – esta última, en casos relacionados
con temas de su competencia – desempeñan el rol de Organismos Coordinadores.