El desarrollo y fortalecimiento de las capacidades estatales constituye un eje clave para la gestión iniciada en diciembre de 2019, entendiendo que el Estado es el motor del desarrollo y vehículo para plasmar mejoras sustantivas en la calidad de vida y el acceso a las políticas públicas por parte de la ciudadanía.
La necesidad de desplegar acciones y programas en este sentido se impuso de modo urgente frente a los efectos producidos en la estructura estatal por la administración precedente (2015-2019), que recortó y debilitó su rol y capacidad de acción apoyada en una perspectiva ideológica que, en sentido contrario a la presente gestión, priorizó los intereses de actores políticos y económicos del mercado por sobre los intereses públicos.
Con la pandemia, el Estado se erigió actor central en la gestión de las soluciones para combatir la crisis provocada por el COVID-19, adecuándose de manera inmediata y urgente a resolver las necesidades de las y los ciudadanos ante la situación de incertidumbre que planteaba el contexto. Esta adecuación implicó un enorme desafío; no había antecedentes y se tuvo que actuar ineludible y rápidamente.
Desde el 20 de marzo de 2020, con la declaración del primer Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) - que se fue extendiendo y modificando de acuerdo con la evolución de la pandemia y el despliegue de la campaña de vacunación- la administración pública fue desarrollando distintas estrategias de trabajo remoto y digitalización de servicios, para atender variados requerimientos y necesidades que permitieran dar cuenta de la presencia del estado.
Esta centralidad de lo estatal se evidenció también a nivel mundial: sólo los Estados tienen la capacidad de desplegar políticas e instrumentos de la magnitud y alcance necesarios para proteger a las ciudadanas y los ciudadanos.