Trabajo que tiene por objetivo estudiar el rol de las instituciones intermedias en la toma de la decisión política y la forma de insertar nuevos actores de poder ante los poderes públicos. Procura dar mayor calidad a nuestra democracia, perfeccionando sus métodos y abriendo el poder cada vez más para hacerlo accesible y transparente. Explora el encuentro entre aquellas formas organizativas que se viene dando en la sociedad y los nuevos espacios participativos, con la normatividad vigente. Trata los siguientes temas: Matriz de información normativa; Constitución nacional; Constituciones provinciales; Región Centro; Región Cuyo; Región NOA; Región NEA; Región Patagonia; Cuadros comparativos. Considera pertinente comenzar mediante un estudio comparado del marco jurídico constitucional, federal y provincial, atinente a la participación comunitaria. Si bien las normas constitucionales constituyen un conjunto armónico dentro del cual cada parte ha de interpretarse y aplicarse a la luz de las disposiciones de todas las demás, construye una sistematización selectiva de normas sobre la participación comunitaria, dividida en cuatro ejes temáticos necesariamente relacionados entre sí: A) Principios del sistema político y participación; B) Organizaciones comunitarias; C) Formas de gestión participativa; D) Régimen municipal. Concibe la participación como un proceso en que intervienen diversos factores, como la plena vigencia de las libertades políticas, la educación cívica, el acceso a la información, la eficacia de los mecanismos de control, el grado de organización de los ciudadanos, la existencia de mecanismos institucionales, el grado de descentralización político-administrativa, y de factores como la crisis de representatividad, la genuina voluntad política para implementarla o las propias expectativas de los actores intervinientes. Apunta a un concepto de participación amplio y permanente, que exceda las clásicas formas de participación política, que se expresa periódicamente mediante la designación de los gobernantes, pretendiendo ir al encuentro normativo de aquella participación que le dá contenido a las políticas: la participación ciudadana o comunitaria, que se refleja en el proceso mediante el cual la ciudadanía toma parte activa en las decisiones gubernamentales. Concluye en que se intenta provocar un efecto disparador en varios sentidos igualmente creativos, de rescate de la normativa vigente, para su conocimiento y difusión, de búsqueda de aspectos a modificar, y de desafío imaginativo para el encuentro de nuevas instituciones, formas y mecanismos jurídicos para la participación comunitaria. Manifiesta el interés en que esta recopilación y sistematización normativa, se constituya en una herramienta de valor para el desarrollo del trabajo comunitario, el diseño de políticas públicas, la consolidación de los valores democráticos y la plena vigencia de los derechos humanos.

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