La sociedad de la transparencia se constituye como un ideal que todos los gobiernos quieren asumir como forma de legitimación de la democracia. Sin demasiados reparos, se la invoca como la clave de la resolución de los principales problemas que aquejan a la Argentina y como tarea primordial para el rescate de la república ante los excesos del populismo. Desde el momento de la asunción de Mauricio Macri al gobierno en 2015, quedó evidenciada la decisión de instrumentalizar al Estado poniéndolo al servicio de los sectores representativos de la economía concentrada mediante la incorporación masiva de ejecutivos de empresas asociadas al establishment económico con fuertes vínculos de amistad, familiares y sociales preexistentes. En este contexto, el predominio de los intereses de clase sobre los vínculos de naturaleza política o partidaria resulta evidente. No obstante, su referencia a la tradición conservadora y republicana es explícita. ¿Cómo controlar y/o regular en favor del interés público a una elite corporativa que asume el poder institucional y democrático del Estado con una campaña política basada en la denuncia contra la corrupción? La pregunta sobre el control de las elites nos obliga a reflexionar sobre las dimensiones de la corrupción y distinguir la ‘corrupción clásica’ que involucra hechos puntuales de sobornos o malversación de fondos, de la “corrupción estructural”, vinculada a la financiarización de la economía y a la captura del Estado beneficiando a determinados intereses económicos. Ambos casos involucran una violación de la ética en la función pública, pero también requieren de controles y sanciones para los actores económicos que se benefician de esa corrupción estructural. Este tipo de corrupción –hoy cada vez más naturalizada– merece ser visibilizada, interpretada, deconstruida. El ingreso de la elite del poder neoliberal al gobierno argentino en el año 2015 genera una profunda preocupación en la problemática del control del sector público, tanto desde un punto de vista teórico, como político-institucional, dada la posibilidad efectiva de garantizar a través de esta tarea el interés público. La democracia como régimen político, pero también como forma de vida, está atravesando un nuevo desafío: sostener su legitimidad asentada históricamente en la obtención de mayorías frente al actual proceso de advenimiento de las elites económicas en el poder político.