La Comisión, junto con el Archivo Nacional de la Memoria, fue la encargada de llevar adelante el trabajo de relevamiento. El resultado de la investigación histórica determinó que, en mucha documentación de la Administración Pública Nacional relacionada con empleadas y empleados públicos del ministerio, se continuaba consignando en sus legajos las denominaciones «baja», «cesante», «suspendido», «limitar los servicios», «renuncia forzada» y «despido», cuando el verdadero motivo de la interrupción de la relación laboral había sido la condición de detenido-desaparecido o asesinado.
Hasta la fecha de esta publicación, la Comisión lleva recuperados 587 legajos laborales y, desde diciembre de 2021, sancionada por el Congreso de la Nación, cuenta con la Ley 27.656 de Reparación Histórica que amplía sus funciones sobre el sector privado. Esta norma dispone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de las trabajadoras y los trabajadores víctimas del Terrorismo de Estado que revistaban, al momento de su desaparición, como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa y una vez acreditada su desaparición forzada o asesinato.