Acuerdo de reafirmación federal suscripto el 12-8-92 entre el Presidente de la Nación, los gobernadores de todas las provincias y el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, confirmando el "pacto federal" suscripto en Luján (Pcia. de Buenos Aires) el 24-5-90 con los siguientes objetivos: 1) promover la solución del desequilibrio federal existente en las relaciones entre la Nación y las Provincias, e instaurar los preceptos constitucionales; 2) contribuir a la consolidación, fortalecimiento y perfeccionamiento del actual sistema institucional, procurando diseñar una herramienta eficiente para el logro de una mayor democratización del poder, abriendo cauces a una participación más directa de la ciudadanía; 3) convertirse en uno de los instrumentos eficaces para construir un proyecto de sociedad basado en el desarrollo económico y social integrado, autónomo e informado conceptualmente para la justicia social que resguarde el bienestar de todos los argentinos; 4) impulsar el desarrollo de un federalismo de concertación, entre otros medios, a través de acuerdos interjurisdiccionales que instituyan regiones que aporten al nuevo equilibrio territorial perseguido y que favorezcan el proceso de integración latinoamericana; 5) promover el desarrollo de la autonomía de los Municipios como ámbitos en los que la democracia asume un papel necesario y cotidiano; 6) asegurar que Nación y Provincias arbitren medidas para lograr el ejercicio -por parte de los estados locales- de los poderes reservados que constitucionalmente les competen, así como adoptar soluciones institucionales que conduzcan a una mejor participación de las Provincias en el ejercicio de los poderes concurrentes de la Nación. Los aspectos acordados se refieren a las siguientes cuestiones: 1) las autonomías provinciales en el marco de una efectiva unidad nacional; 2) la función constitucional de los gobernadores; 3) la desconcentración y descentralización de las funciones administrativas; 4) el proceso de regionalización y la evolución de las relaciones interprovinciales, preservando la unidad nacional y atendiendo a la integración latinoamericana; 5) las atribuciones de las provincias en el orden internacional; 6) la participación de las provincias y regiones en materia de poderes concurrentes o delegados a la Nación; 7) la reversión de la acumulación de funciones y atribuciones por el Gobierno Nacional; 8) la concertación y ratificación legal de la transferencia de los servicios del Estado Nacional a las Provincias; 9) la concertación federalizada en materia de cultura y educación; 10) la concertación de un plan nacional de salud y la coordinación de las políticas de salud con base en los principios de federalización y descentralización; 11) la participación de las Provincias en la política de vivienda y la gestión de los recursos; 12) la revisión de los aspectos económico-financieros de las relaciones entre la Nación y las Provincias; 13) la participación de las provincias o regiones en los órganos de conducción de entes, empresas y bancos nacionales; 14) la protección del adecuado funcionamiento de la banca nacional y regional; 15) el reconocimiento y formal autorización de los institutos provinciales del seguro; 16) el compromiso de reformar las respectivas estructuras administrativas; 17) la situación institucional del Territorio

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