Publicado también en Boletín de Resúmenes del CLAD, Vol. 4 No. 4 (Jun. 88)

El documento contiene la ponencia argentina ante el Seminario Regional sobre reestructuración económica en América Latina, realizado en México, en abril de 1988. A partir de los años 40 en Argentina se produce un notable incremento del rol del estado en la economía, tanto en el campo de la regulación como de la producción. Se privilegia, entonces, el estímulo de la acumulación de capital y de crecimiento del empleo por sobre las pautas de eficiencia. En esos años existía una realidad que hizo posible esta situación: una amplia disponibilidad de recursos para financiar su propio gasto y para transferir ingresos que permitieran la expansión de la inversión privada en los sectores urbanos. Este proceso, con el tiempo, va creando distintos problemas de arrastre originados en esta forma de acumulación; a ello se viene a sumar una serie de cambios internos y externos que afectarán drásticamente la capacidad financiera del estado y su margen de maniobras. Todo ello se concretará en la desmonetización sufrida por la economía argentina que vuelve muy restringida la posibilidad de financiar el sector público. Por último, el enorme aumento de la deuda externa coloca en muy difícil situación a las áreas fiscales. Todo esto hace que el sector público se haya quedado sometido a fuertes desequilibrios que afectan al conjunto de la economía. De allí la importancia de reducir el déficit fiscal y, como una forma de hacerlo, aumentar la eficiencia de las empresas públicas. Para ello el gobierno se ha planteado las siguientes acciones: 1) Desmonopolización: con este tipo de medidas se aspira a estimular la competitividad a través de la diversificación de la oferta de bienes y servicios, de modo que se puedan obtener prestaciones eficientes y acordes con los nuevos requerimientos tecnológicos; 2) Regulación de la competencia: el cambio en los sistemas regulatorios es otro de los componentes centrales de la nueva política; se ha planteado una reforma del sistema de gestión de las e.p. tendiente a separar la gestión empresarial de las mismas de la responsabilidad de formulación de políticas sectoriales, evitando la existencia de "múltiples dueños". La gestión quedará a cargo de un organismo responsable (DEP) cuyas funciones apuntan a reducir o eliminar los problemas de planeación y administración que hoy existen en las e.p. tratando de asegurar una coherencia operativa y estratégica y permitiendo un ajuste financiero y operativo que abra paso a un proceso de modernización de estas empresas; también deberá plantearse las reformas estructurales necesarias para que éstas dejen de ser una carga financiera para el estado; 3) Revisar los regímenes de compra: para facilitar el ajuste antes descrito el gobierno ha encarado la revisión de la normativa referente al régimen de contrataciones al que están sujetas las e.p. y, en especial, se revisarán las normas que conforman el denominado "Compre Nacional"; se tratará de que el estado de preferencia a los bienes de producción nacional pero dicha preferencia no debe comprometer, como hoy sucede, los objetivos de las e.p.; 4) Privatización: se harán acciones de desestatización de la gestión a través de la asociación con capitales privados; y 5) Racionalización de las empresas deficitarias que incluye medidas de control y de cambios estructurales. S.S.

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