La Ley Número 12 del 24 de julio de 1985 creó la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Esta agencia gubernamental tiene entre sus poderes el solicitar y examinar los estados financieros de los candidatos y ocupantes de los puestos públicos de mayor jerarquía en dicho país. Asimismo, la Oficina tiene el poder de crear reglamentos para promover el comportamiento ético de los empleados y funcionarios públicos, así como el de requerirle a estos, un mínimo de diez horas de educación continua en áreas relacionadas a la ética gubernamental en un período de dos años.De igual forma, la Oficina está dotada de poderes de investigación y adjudicación. Esto le capacita para investigar querellas sobre alegado comportamiento ilegal o anti - ético de funcionarios y empleados públicos que se le traigan a su atención o que descubra como parte del análisis de los documentos financieros y legales de los aspirantes u ocupantes de puestos públicos.La presente investigación analiza las opiniones y decisiones publicadas por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. El estudio buscó establecer, a base del análisis de las mencionadas opiniones y decisiones, las categorías de comportamiento ilegal o anti - ético más comunes en la administración pública puertorriqueña actual. De forma similar, buscaba establecer si existe alguna tendencia o patrón en la cuantía de las multas impuestas por este organismo gubernamental. Por último, se hace un análisis del futuro de las opiniones y decisiones de la Oficina de Ética Gubernamental como instrumentos para promover el comportamiento ético en el servicio público de Puerto Rico.

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