La democracia, para su correcto funcionamiento, requiere de una sociedad abierta y argumentativa. Ésta es aquella que está en constante participación en los asuntos públicos. Los ciudadanos, en el ámbito de la esfera pública, discuten y dialogan con la finalidad de encontrar aquello que les preocupa a todos, es decir, el interés general. Por medio de organizaciones civiles o de la participación individual se involucran en la toma de decisiones por parte de los gobernantes; vigilan el diseño e implementación de las políticas públicas; y, exigen la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos con el objetivo de evaluar la eficacia, eficiencia y economía de las políticas públicas con la finalidad de verificar que se hubiere maximizado el bienestar social.Los gobernantes deben estar obligados por la ley a entregar la información requerida por la sociedad. La documentación proporcionada a los ciudadanos debe contener todos los elementos necesarios para su análisis; esto significa, que no sólo debe contener cifras sobre los recursos erogados en una política pública o bien sobre un número total de población beneficiada.La rendición de cuentas debe argumentar la forma en que son tomadas las decisiones, en este caso se plantean tres modelos: 1) el funcionario egoísta: los funcionarios públicos toman las decisiones basados en los beneficios que éstas les traerán para su carrera política inmediata, sin preocuparse por maximizar el beneficio social. 2) Análisis costo-beneficio: los gobernantes eligen las políticas públicas que se implementarán basados únicamente en un análisis costo-beneficio, soslayando la maximización del beneficio social. 3) Análisis economía-eficacia: mediante este análisis se identifican los objetivos nacionales, se eligen de ellos los prioritarios, se busca la forma de alcanzarlos de la manera más eficiente y al menor costo posible; y se rinden cuentas a los ciudadanos para que éstos evalúen los resultados.La información proporcionada a los ciudadanos debe contener, además de indicadores financieros, indicadores de evaluación del desempeño para determinar si hubo maximización del bienestar social, perspectivas de la política pública a corto, mediano y largo plazo, apartados sobre las mejoras que se harán a la implementación de las políticas públicas, y documentación que permita evaluar el desempeño de los servidores públicos.En conclusión, una democracia requiere de una sociedad donde sus ciudadanos se involucren en los asuntos públicos; que la sociedad tenga la capacidad de influir en la toma de decisiones, en la implementación de las políticas públicas y en el análisis de los resultados de éstas. El gobierno, por su parte, debe tomar las decisiones que maximicen el bienestar social, debe rendir cuentas a la sociedad de tal forma que ésta tenga todos los elementos necesarios para evaluar el comportamiento del sector público.

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