Después del difícil tránsito a la democracia que ha vivido Latinoamérica surgen nuevos pendientes que conforman la agenda de la vida colectiva. El ciudadano no es más un debate filosófico sino se habla de su figura dentro de los debates académicos y políticos como eje de la acción, o mejor dicho se refieren a él como autor del derecho de acción del gobierno, materializando su presencia como agente. Los procesos de democratización en la política representativa requiere profundizar mecanismos de participación ciudadana, en los que los cuerpos de representación asuman el compromiso de recoger las demandas sociales, y establecer los proyectos que planteen la construcción de agendas de gobierno donde se manifieste la integración de los diversos actores que participan en la conformación de los asuntos públicos, en un trabajo de corresponsabilidad horizontal que permita a partidos-gobierno y ciudadanos converger en proyectos de buen gobierno expresado en políticas públicas. La relación entre plataformas electorales y la implementación de políticas requiere de un proceso de racionalización que redefina a lo público como una práctica cotidiana en la que el quehacer ciudadano establezca las prioridades que deriven en el establecimiento de una gestión más democrática. Las políticas públicas son un buen indicador para medir el grado de valoración del trabajo partidista, pues al mismo tiempo nos redefine el trabajo del partido político en el ambiente del gobierno, con lo que estamos en la posibilidad de valorar nuevos modelos de gestión y de participación institucional, que ligados a los procesos gubernamentales nos hablan de procesos más intensos de cooperación y de interrelación entre gobierno en su idea representativa y la sociedad como un valor de alta participación social.

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