El propósito de este trabajo es demostrar cómo la transparencia constituye un importante fundamento de cualquier Estado de derecho que aspire a actuar democráticamente. Este principio es sencillo de enunciarse pero, en la práctica, su aplicación demanda una compleja articulación de acciones entre los legisladores, los administradores públicos y los propios ciudadanos.Se utiliza el ejemplo del caso mexicano cuyo gobierno estableció por primera vez el derecho a la información en 1977, el cual deberá estar garantizado por el propio Estado. Este principio fue reglamentado hasta 25 años después, con la expedición de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de 2002, misma que crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Gubernamental (IFAI). En 2007 se modifica nuevamente la Constitución para establecer un marco común a las leyes estatales de transparencia así como a las actividades de los Institutos similares al IFAI en cada entidad federativa.En noviembre del 2007 se modificó un numero importante de artículos de la Constitución Federal para regular las actividades de los medios de comunicación social, principalmente la radio y la televisión, en materia de difusión de mensajes durante los procesos electorales, lo que implica la regulación del derecho a la información por lo que se refiere no sólo al Estado sino también a los partidos y a los ciudadanos en general. Algunos estudiosos y representantes de los medios de comunicación impugnaron por la vía del amparo ente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad de las referidas reformas, las cuales fueron ratificadas por dicho órgano judicial.Las reformas constitucionales de julio del 2007 establecen la obligación de que la administración pública, tanto federal como estatal y municipal, mantengan actualizados permanentemente su archivos, como elemento importante para coadyuvar a la transparencia de las acciones gubernamentales. A pesar de lo anterior, se vislumbra como muy difícil que se cumpla este propósito establecido en la ley en el plazo que estableció el legislador (dos años) por lo cual se utiliza este ejemplo para demostrar lo difícil que resulta, en la práctica, dar cumplimiento al principio que señala que "la transparencia debe ser fundamento esencial de un Estado de derecho".

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