Existen numerosas encuestas que indican que los españoles somos de los europeos más críticos con la clase política, más distantes y desconfiados con la propia política y de los menos propensos a participar políticamente para cambiar el estado de cosas que vemos con desagrado. Como consecuencia de las percepciones existentes, la propensión a desconfiar de las instituciones que nos representan es más bien alta, pues un tercio de los encuestados desconfía mucho o bastante del Parlamento y casi la mitad del gobierno central, más de la mitad de los españoles cree que el gobierno se gasta mal el dinero de los impuestos y tres de cada cuatro creen que los impuestos son muy altos.Con esos datos, la primera preocupación que se recoge en el texto es la de si la ciudadanía acepta las leyes y normas que se aprueban por nuestros representantes y si cree que son aplicadas por igual. Las encuestas indican que casi la mitad de los españoles creen que los demás no cumplen las leyes y casi el 60% creen que los españoles no somos iguales ante la ley. Esta cultura de la legalidad es un problema grave para la consolidación de una economía que se sitúa entre las 10 más poderosas del planeta pero, sobre todo, abre brechas en la confianza de que España pueda seguir mejorando su ya notable calidad democrática, y nos genera dudas sobre si la calidad de la democracia sufriría pérdidas importantes en caso de grave crisis económica.Por todo ello, considerando que la desconfianza no sólo se basa en dependencias históricas, sino que, también, podría tener su fundamento en formas de gobernar opacas, cerradas y elitistas, hemos procedido a analizar el gobierno en España en una triple dimensión: 1. Grado de transparencia y apertura. 2. Grado de rendición de cuentas y responsabilidad. 3. Grado de participación admitida. El resultado indica que existen amplias vías para la mejora y que, si ello se lograse, tal vez mejoraría nuestra estado de derecho con todas las ventajas a ello vinculadas.

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