La gobernabilidad ha estado tradicionalmente vinculada al valor de la estabilidad. Las primeras críticas que se hicieron a dicho concepto indicaron que se había vinculado excesivamente a la generación de acuerdos interpartidistas y al control de la sociedad civil. En este texto se defiende que la gobernabilidad no puede ser sólo sinónimo de estabilidad política. Tampoco puede confundirse simplemente con la capacidad de los partidos políticos para alcanzar acuerdos. La gobernabilidad debe ser entendida también como la capacidad de producir resultados, como la capacidad de formular políticas e implantarlas para hacer frente a los retos reconocidos como esenciales por la propia sociedad. Y la gobernabilidad democrática como la capacidad de formular políticas e implantarlas respetando las reglas del juego de la democracia liberal. La gobernanza consistiría, entonces, en que dicho proceso social se lleva a cabo en modo de asociación-coproducción entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales.En América Latina se han instaurado las democracias, pero nos seguimos encontrando con la necesidad de legitimarlas ante los ciudadanos y demostrar su validez a la hora de solucionar los problemas de las sociedades. En muchos países esto no ha sido posible aún, y este retraso ha provocado un creciente desencanto y frustración entre la ciudadanía, que, en ocasiones, ha llegado a poner en peligro el propio sistema democrático. Un factor clave de dicho desencanto ha sido la percepción de que democracia no implicaba mejor distribución, servicios públicos básicos y cohesión social. Un reto de los sistemas políticos debe ser la consecución de un alto grado de cohesión social y ésta debe alcanzarse mediante políticas públicas coordinadas y eficaces. Para ello se requiere gobernanza democrática inclusiva. Pero, ¿cómo conseguirlo? Es muy difícil dar fórmulas, pero en cualquier caso, como intentamos demostrar, es imprescindible una fiscalidad moderna y una Administración profesional.

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