La normativa existente sobre la administración institucional de la Administración General del Estado presenta algunas rigideces que dificultan -además de la escasa autonomía de que disponen los Organismos Públicos que conforman la referida administración institucional- la consecución de los objetivos que aquélla tiene asignados.Ello ha conducido a que el Gobierno de España haya elaborado y remitido a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos.Y, en este sentido, hay que decir que las Agencias Estatales responden a una nueva cultura de gestión de servicios públicos que se apoye en el cumplimiento de objetivos claros, medibles -a través de los correspondientes indicadores- y de los que se deriven ventajas para los usuarios y para los contribuyentes: en definitiva, para los ciudadanos.Una de las Agencias Estatales que se crea es la relativa a la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios con el objeto de favorecer el uso racional de los servicios públicos -costeados, a fin de cuentas, por los ciudadanos-, y el impulso de la gestión de la calidad de los mismos.

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