El interés por la reforma de la Administración Pública es común a todos los países desarrollados. Existe igualmente un amplio consenso en la idea de que la profesionalización del servicio público implica necesariamente otorgar una mayor relevancia a los procesos de formación y a la búsqueda de la mas adecuada interacción entre la formación y la mejora de las Administraciones Públicas. Los cambios en la Función Pública son una consecuencia de los cambios operados en las Administraciones Públicas, y estos por su parte responden a las transformaciones que se producen en la realidad política, social y económica de las sociedades a las que sirven las Administraciones. Así pues, las nuevas exigencias que recaen sobre las Administraciones Públicas serán las que deban orientar la reflexión sobre las características de las reformas que se emprendan en materia de Función Pública.Entre los factores que han impactado en nuestras Administraciones uno de los más sobresalientes es el cambio en el ciudadano, mucho más consciente actualmente de cuál deber ser el cometido de las organizaciones públicas, lo que redunda en una mayor exigencia de calidad y atención. Un reto más por tanto para la Administración Pública es la necesidad de trabajar para aumentar y consolidar la confianza del ciudadano en la calidad de los servicios públicos, así como proporcionar una respuesta adecuada al interés creciente de todos los sectores sociales.El usuario de los servicios públicos se convierte en agente activo del sistema con capacidad para definir y exigir niveles de calidad en su funcionamiento. Los ciudadanos son sensibles a la utilización eficiente de los recursos públicos y no se muestran indiferentes al modo en que se gestionan los asuntos públicos y se optimizan unos recursos escasos procedentes del esfuerzo de todos.Las nuevas realidades vienen ejerciendo desde hace tiempo una verdadera presión sobre las Administraciones Públicas. Desde la sociedad se demanda la adopción de procesos de reforma y profesionalización de la Función Pública para responder de forma rápida, eficiente y flexible a los retos y desafíos planteados por las transformaciones en marcha. Las Administraciones Públicas deben actuar de forma abierta y flexible para convertirse en impulsoras y generadoras de un entorno favorable.Así debe ser si tenemos en cuenta que, paralelamente al protagonismo que toma el ciudadano como sujeto externo, desde el punto de vista interno a las Administraciones es el empleado público el que adquiere el protagonismo del cambio. Esta dinámica favorable tiene que aprovecharse para rebasar con éxito las muchas barreras que todavía se presentan, entre las cuales puede que, en efecto, las más considerables sean las relativas a la asunción interna de nuevos valores.Pues bien, es precisamente en este ámbito en el que la figura del funcionario y el papel de la formación alcanzan la relevancia que les corresponde en los procesos de reforma administrativa. Es indudable que la tendencia a poner al empleado en el centro de las decisiones de la organización y considerarlo su principal activo, conlleva la necesidad de reconocer una mayor participación y formación del funcionario.Los retos que afrontan las actuales Administraciones Públicas requieren modelos de gestión donde la formación y el aprendizaje permanente sean las claves para asegurar el éxito de los procesos de reforma.

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