Las Administraciones Públicas españolas han sufrido, como era lógico, un cambio profundo con relación a la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, al igual que el conjunto de la sociedad.Los cambios se han producido por la actuación en tres direcciones fundamentales: aumento de la dotación de infraestructura tecnológica, cambios legislativos profundos y programas específicos del Gobierno que pretenden fomentar la Sociedad de la Información.Por lo que se refiere a la infraestructura tecnológica, el número de PCs ha crecido en la Administración Central, en los cinco últimos años, un 27,6 % y el número de redes de área local ha pasado de 1729 en 1995 a 5454 en el 2000.Con relación a los cambios legislativos, se esta produciendo un proceso que trata de dar soporte legal a las transacciones realizadas por medios telemáticos a través de la firma electrónica y el comercio electrónico.Por último el Gobierno español ha lanzado el Plan Info XXI que trata de potenciar la " Administración Electrónica".Por todas estas circunstancias, se requiere un proceso de actualización permanente de los funcionarios públicos y es necesario establecer una estrategia formativa adecuada a estas nuevas necesidades que sea compatible con la realidad social.La estrategia que se considera más adecuada es la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones como medio para impartir las acciones formativas necesarias para la actualización permanente de los funcionarios públicos.

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