Para el análisis de la estructura organizacional es necesario tener en cuenta los principios jurídicos y su influencia en la organización y funcionamiento del Poder Judicial de Córdoba. Se abordaron los siguientes principios: -Jerarquía. -Centralización normativa. -Desconcentración territorial. -Descentralización operativa. -Coordinación. -Publicidad de normas y actos. -Calidad.Corresponde también analizar la facultad de superintendencia del Tribunal Superior de Justicia. En este marco, el Tribunal Superior tiene a su cargo la administración de su organización, la formulación de políticas determinadas, la dirección y el control, para procurar el correcto funcionamiento administrativo de los magistrados, funcionarios y empleados. De esta manera, el Poder Judicial está conformado por una estructura formal compleja bajo la responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia, cumpliendo su actividad a través de tres sistemas de actividades diferenciadas de acuerdo a las normas legales: lo jurisdiccional (en el cual incluimos la justicia electoral y de paz), lo administrativo y la procuración de justicia (el ministerio público).Luego de estudiado el marco definido jurídicamente para las Áreas Administrativas, se procedió al relevamiento, el que tuvo por objetivo obtener la estructura real: el conjunto de los roles desempeñados por cada área y las interacciones que efectivamente operan en la práctica. Se intentó, una mirada crítica sobre la estructura organizacional real del Tribunal Superior de Justicia. El esquema básico resulta de un análisis descriptivo focalizando la discusión en los problemas detectados. Del análisis realizado se dedujeron pautas diagnósticas: -Criterio funcional básico adecuado. -Inadecuado diseño de las unidades organizacionales. -Funciones dispersas. -Funciones orientadas únicamente al mantenimiento del proceso de servicio de Justicia dentro del ámbito jurisdiccional. -Precario nivel de desarrollo tecnológico. -Unidades organizativas autocontenidas sin interrelación. -Duplicaciones de actividades. -Ambigüedad en la misión del Fiscal General y disfuncionalidades en las relaciones entre el Ministerio Público Fiscal y el Tribunal Superior de Justicia. -Metodología inadecuada de confección del presupuesto y el control de su ejecución. -Errada definición de las funciones en el sistema en general y de sus integrantes en particular. -Debilidades en la administración de los Recursos Humanos. -Problemas de la infraestructura edilicia. -Equipamiento informático no acorde a los cambios necesarios. -Problemas en el diseño del sistema de decisiones.Se concluye entonces que, para llevar adelante la reforma de la Justicia, incorporando conocimiento en la visualización de las Áreas Administrativas con el potencial de asumir un rol preponderante en el planeamiento y control de las actividades, en la formulación de políticas y en la generación de la información necesaria del Poder Judicial, mejorando en consecuencia sensiblemente su desempeño, es necesario primero tener un relevamiento y diagnóstico adecuados para poder llegar a la etapa de propuestas en un marco de toma de decisiones fundado y racional.

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