Tipo de ítem | Biblioteca actual | Solicitar por | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro |
Biblioteca Central
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INAP-AR:B.7/280 | Disponible | 012319 |
APORTADO POR CENTRO DE DOCUMENTACION CLAD. Publicado también en Boletin de Resúmenes del CLAD, Vol. 4 No. 1 (Sep. 1987)
Publicado en Selección de Documentos Clave, Vol. 4 No. 2 (Dic. 1987)
Documento presentado por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, donde se establecen los lineamientos generales para una política de descentralización territorial en Venezuela. Se consideran aspectos político-ideológicos, administrativos, políticos y económico-financieros de la descentralización. En la introducción se presenta el marco ideológico de las propuestas, afirmando que la descentralización no es una operación técnica, sino esencialmente política que persigue la redistribución del poder en el seno de la sociedad. Se entiende que la sociedad venezolana se encuentra en capacidad de funcionar dentro de un esquema político descentralizado. En este contexto se hace necesario definir las competencias que deben ser ejercidas por el nivel nacional y descentralizar las restantes hacia el ámbito regional y local. La descentralización significa el fortalecimiento de los Estados mediante un proceso complejo, con implicaciones de orden jurídico, económico-financiero y administrativo, con importantes consecuencias de orden social y político, ya que enfrenta la tendencia de concentración de poder. Es necesario descentralizar el sector público y fortalecer la autonomía de las entidades federales y de los entes locales, todo ello en el marco de la Constitución vigente. En lo que se refiere a los aspectos administrativos, se propone el examen, caso por caso, de la distribución de competencias en el sector público y que se asignen responsabilidades a los niveles en que cada gestión resulte más eficiente. La delimitación de competencias entre los diferentes ámbitos administrativos no debe poner en peligro la unidad y coherencia de políticas del sector público. Los controles serán ejercidos en el correspondiente nivel de gobierno y habrá participación de los administrados. En cuanto a los servicios que no puedan ser descentralizados, se tenderá a su desconcentración. Desde la perspectiva política, la descentralización pretende el desarrollo político de la sociedad en forma progresiva, lo cual, además de permitir una mayor eficacia en el funcionamiento del sector público, contribuiría a ampliar la legitimidad del sistema político. Es el momento de ampliar la participación de la sociedad en la toma de decisiones de los poderes públicos. Las reformas políticas propuestas son las siguientes: poder de decisión político en los niveles estadal y municipal, elección de los gobernadores por voto directo de la ciudadanía, creación del cargo de alcalde en el nivel municipal, electo por voto popular, designación de los integrantes de las asambleas legislativas y concejos municipales por parte de las comunidades que representan, los funcionarios de los diferentes niveles deben ingresar por concurso y gozar de estabilidad, buenos sueldos y seguridad social. En el aspecto económico-financiero, deben sustituírse los mecanismos de coordinación previstos en la Ley de Coordinación del Situado, por la delimitación precisa de las competencias entre los niveles federales y por la instauración de mecanismos permanentes de coordinación y planificación participativas para asegurar la unidad de conducción del sector público. Posteriormente debe aumentarse progresivamente el Situado Constitucional. Se discute la posibilidad de una futura reforma tributaria. A.S.
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