Documento presentado por CONSECOMERCIO a la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en relación al tema de la restitución de las garantías económicas en agosto de 1985. Dentro del ordenamiento constitucional venezolano, existen los llamados objetivos permanentes del Estado, expresados en el preámbulo de la Constitución, para el cumplimiento de los mismos, corresponde diseñar las estructuras y armonizar el funcionamiento de las ramas del Poder Público mediante normas atributivas de competencia. Para garantizar la concreción práctica de los objetivos permanentes, la Constitución establece los Deberes, Derechos y Garantías al individuo y a los órganos del Poder Público. Libertad y Desarrollo en democracia: la libertad no puede estar condicionada a los criterios subjetivos de gobernantes o administradores del Estado, éste debe responder a normas objetivas que garanticen la paz y el bienestar social. El marco legal dentro del cual son ejercidas estas libertades es considerado como materia de reserva legal, es decir, que las leyes en ningún caso pueden desconocer lo que la Constitución taxativamente establece. Lo anterior, plantea por una parte, que la remisión a la Ley es lo que da vigencia, seguridad y estabilidad a las libertades constitucionales; por la otra que al mismo tiempo esta remisión a la Ley impone obligación al Estado a través del Congreso, de crear las normas precisas con las cuales se ejercerán las libertades constitucionales, haciendo al régimen realmente democrático, pluralista y participativo. Los Derechos económicos: la Constitución los consagra en los artículos 95 al 109, la misma señala que la afectación de cualquiera de las libertades es materia de reserva legal. Es importante señalar el cambio experimentado en la norma legal vigente, en la que es una prerrogativa del Legislativo, el establecer limitaciones a las garantías constitucionales lo que se traduce por una parte, en garantía, sobre posibles interferencias en las libertades y por la otra, obliga al Legislativo a dotar al país de un marco normativo, que en nuestro caso es la Constitución de 1961. Desde su promulgación, se han mantenido restringidas las libertades económicas, lo que afecta negativamente el comportamiento de la economía. En relación a la legislación existente en materia económica; además de una serie de Decretos y resoluciones que muchas veces han resultado contradictorios y poco coherentes ante los hechos, se ha producido como consecuencia la desconfianza e inseguridad jurídica en relación a la intervención del Estado. Esto ha afectado el verdadero espíritu de la Constitución impidiendo su desarrollo en el sentido de crear normas de conducta, políticas, orientaciones o metas que permitan el ejercicio económico. El marco legal necesario para la adecuación de las estructuras del Estado impone cumplir un programa legislativo que incluya: Ley Orgánica o Código para el ejercicio de las libertades económicas, Ley Orgánica para la participación en la consulta, Ley Orgánica para la Planificación del Desarrollo, Ley Orgánica para las Industrias Básicas del Estado, Ley Orgánica para la explotación o prestación de servicios básicos, Ley Orgánica del Desarrollo Regional. Conclusión: Estructurar este cuerpo de leyes de carácter orgánico, garantiza la reconducción de las acciones del Estado, así como las del sector público y las empresas del Estado, que se han venido desarrollando en campos que no le son propios y que puede cubrir la iniciativa privada. Con ésto se lograría: disminuir la permisología y trámites y recuperar la economía en general, con repercusiones favorables en el nivel de empleo. Mejorar la prestación de los servicios públicos y mayor y mejor utilización del situado Constitucional, con repercusiones favorables en la formación de capital y de empresas a nivel regional.

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