Se examina la reforma de la Administración Pública en Argentina y su influencia sobre la posibilidad de cambios en el desarrollo económico y social. Se considera el marco nacional del proceso, la política económica, el rol del Estado, y se discuten las consecuencias fiscales de la reforma y sus perspectivas para el futuro, en relación con los objetivos finales de la misma.El gobierno argentino se fijó el objetivo de lograr un marco de estabilidad y crecimiento sostenidos, para generar la mayor cantidad de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Las principales políticas económicas aplicadas para lograr este objetivo fueron las siguientes: libertad y competencia en el mercado de bienes y servicios, de divisas y en el comercio exterior; flexibilización del mercado laboral; desregulación global de las actividades económicas; programación monetaria basada en la paridad con el dólar estadounidense; ajuste y saneamiento de las cuentas fiscales.La reforma del Estado precedió en Argentina a la reforma administrativa, porque resultaba necesario desmontar el aparato estatal y modificar conceptos muy arraigados acerca del rol paternalista y benefactor adjudicado al Estado durante décadas. Las funciones que el nuevo Estado debe cumplir se centran en las áreas de salud, educación, protección social, vivienda, además de las tradicionales en relaciones exteriores, defensa y seguridad, en un contexto de libertad económica, política y social.A partir de la asunción del gobierno del Presidente Menem, se ha desarrollado un proceso profundo de cambios, con componentes originales. Entre las acciones llevadas a cabo en este contexto se incluyen las siguientes: privatización de empresas públicas; desregulación de las actividades económicas; Pactos Fiscales I y II entre la Nación y las provincias; reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; sistema previsional basado en la capitalización de aportes; y creación de los entes de regulación.Junto con la reforma del Estado se desarrolló un proceso de organización racional y modernización de la Administración Pública. Este proceso apunta a lograr una mayor eficiencia, mediante el perfeccionamiento de los recursos humanos, la implantación de nuevos sistemas de gestión altamente eficientes, y la producción de información oportuna para la toma de decisiones, entre ellas las necesarias para calcular el costo de las acciones y evaluar la calidad de la producción pública.La reorganización de la Administración Financiera se llevó a cabo con el propósito de realizar la gestión de los recursos en un marco de transparencia, hacer responsables a quienes utilizan recursos públicos, generar información confiable, modificar las bases de las contrataciones del sector público, e interrelacionar la administración financiera gubernamental con los sistemas de control para asegurar la eficacia de los mismos.Entre las consecuencias de las reformas se incluyen las siguientes: transparencia, eliminación de los agujeros negros, cuentas claras, equilibrio presupuestario, presión tributaria, y una mayor credibilidad. Las perspectivas para el futuro pueden considerarse como promisorias, sobre la base del análisis de los elementos que conforman el proceso. A.S./M.N.

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