Publicado además en Boletín de Resúmenes del CLAD Vol. 3 No. 3 (Mar. 1987)

El documento contiene la ponencia argentina ante el Seminario Internacional sobre Relación Gobierno Central - Empresas Públicas. Las contradicciones que normalmente acompañan a las relaciones entre el Gobierno Central y las Empresas Públicas se ven particularmente acentuadas en Argentina debido a la historia institucional de los últimos años en la que los gobiernos democráticos fueron la excepción. En primer lugar existen incoherencias en el marco jurídico-administrativo existente ya que éste es el resultado de un desarrollo en el que se fueron agregando normas puntuales como respuesta a situaciones críticas. Por otra parte, los largos períodos de gestión autoritaria deterioraron la capacidad de la administración para definir, instrumentar y evaluar políticas públicas; las decisiones se concentraron en los niveles más altos y se constituyeron feudos administrativos debido al reparto entre las tres fuerzas militares. En su conjunto, las empresas públicas presentan una situación delicada: en el plano financiero pesa una elevada deuda externa que se explica por el uso deliberado del endeudamiento como mecanismo de regulación financiera, y en los costos, una complicada estructura de subsidios de la que se desconoce su real impacto distributivo. Además, la alta rotación del personal directivo acentuó el clima de incertidumbre y provocó la aparición de estructuras burocráticas que poco tienen que ver con la actividad productiva. Otros factores también afectaron el funcionamiento del sector de las empresas públicas: la hiperinflación, que determinó que los costos fueran perdiendo peso en las decisiones empresariales; y en la formación de los precios comenzó a pesar más el hecho de mantener posiciones relativas frente a otros productos que la obtención efectiva de un determinado márgen de ganancia. Frente a toda esta situación, el gobierno actual ha definido un paquete de medidas de reforma del sector las cuales tienden a modificar el funcionamiento del sistema en su conjunto. En la actualidad, el esquema de relaciones no está centrado en la definición de objetivos estratégicos a nivel de empresas y hay un exceso de controles de tipo formal; las relaciones se basan, principalmente, en el establecimiento de obligaciones, prohibiciones y restricciones definidos unilateralmente por distintos actores, sin que existan acuerdos ni evaluaciones de su impacto conjunto sobre una determinada empresa. Por otra parte, la ruptura de la unidad de acción del gobierno generó desconfianza; cada unidad quiere controlar sus propias acciones y regulaciones generándose un problema de duplicación de requerimientos y controles. Como los resultados por lo general no conforman, se tiende a trasladar las decisiones a órbitas extraempresariales. Tampoco existe un sistema adecuado de incentivos. Los lineamientos generales de la reforma que comienza a implementarse para hacer frente a esta situación son los siguientes: distinción entre nivel de formulación de políticas y de gestión empresarial; coordinación de políticas mediante un Comité Interministerial el cual definirá la política de precios y el régimen laboral y establecerá los acuerdos-programa entre el Gobierno Nacional y las distintas empresas; se reestructurará el sistema normativo; y a nivel empresarial se nombrará un directorio que reorganizará la empresa y que dependerá del Comité Interministerial. S.S.

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