La biblioteca posee además la versión publicada en Revista del Clad Reforma y Democracia No 31 pp. 163-188

La literatura sobre mecanismos de participación ciudadana directa en la toma de decisiones públicas ha tendido a centrarse en dos grandes tipos de cuestiones: la primera contiene un fuerte componente normativo y se centra en la discusión sobre las virtudes, las potencialidades, los problemas y los riesgos de la participación más allá del voto; la segunda presenta una vocación más empírica y se centra en el análisis del comportamiento de distintas metodologías participativas en el marco de distintas dimensiones de análisis como el grado de representatividad que consiguen o su impacto sobre las políticas públicas. En este trabajo se plantea un interrogante de una naturaleza distinta: ¿cuáles son las razones que llevan a los gobernantes a impulsar procesos de participación ciudadana?. La pregunta toma más sentido si tenemos en cuenta que, en la mayoría de los casos, no tienen la obligación de hacerlo y que, a su vez, el impulso de este tipo de procesos les lleva a tener que compartir espacios de poder con la ciudadanía.Para responder a esta cuestión presentamos los resultados de dos investigaciones centradas en el caso municipal catalán y coordinadas entre si. En la primera de ellas se exploran las opiniones que distintos agentes locales (gobernantes, opositores, técnicos de la administración y representantes de entidades ciudadanas) nos ofrecen sobre esta cuestión. En la segunda, se analiza con detalle hasta qué punto se confirma la idea que el impulso de experiencias de participación ciudadana conlleva rendimientos electorales positivos para los gobernantes.Los resultados de ambas investigaciones nos lleva a las siguientes conclusiones: el impulso de la participación ciudadana en el ámbito local responde a razones de naturaleza diversa que tienen que ver con las características estructurales de los municipios, el perfil ideológico de los gobiernos y de las personas que lideran esos procesos, además de razones de carácter estratégico e instrumental; entre éstas últimas, los opositores y las entidades más críticas acusan a los gobiernos de impulsar procesos participativos con finalidades electoralistas, motivación que en todo caso no reconocen los gobernantes; finalmente, independientemente de que ésta última sea verdaderamente o no una motivación para impulsar procesos participativos, éste tipo de experiencias tienen impactos electorales, en términos generales, muy limitados.

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