En Colombia importantes actores institucionales así como reformadores y expertos han encontrado en la actuación de los jueces la explicación por excelencia de no pocas de las dificultades o fracasos que enfrentan los procesos de reforma administrativa. Si bien ese debate se ha centrado en el último tiempo en la Jurisdicción constitucional, las controversias sobre este punto no se limitan a dicha jurisdicción sino que se extienden igualmente, aunque con menor énfasis, a la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo -encargada del control de los actos de la administración-, así como a los órganos autónomos de control. Los desencuentros, malentendidos y críticas cruzadas que han surgido entre ellos han evidenciado la urgencia de encontrar códigos comunes de comunicación dado el evidente común interés que a todos asiste de asegurar el respeto del ordenamiento jurídico así como de apoyar las políticas de modernización administrativa destinadas a asegurar la eficiente y oportuna prestación de las diferentes funciones y servicios encomendados al Estado. El presente escrito pretende simplemente dar cuenta de los principales elementos del debate que se ha tranzado al rededor del papel de los jueces en materia de reformas a la administración y de los argumentos que se han utilizado tanto por los detractores de la actuación de los mismos como por quienes la defienden, con el fin de poner en evidencia la necesidad de superar las innecesarias diatribas que particularmente economistas y juristas se han intercambiado en este campo, así como de abandonar las posturas puramente defensivas de unos y otros a fin de intentar un dialogo constructivo entre las diferentes disciplinas y actores institucionales comprometidos directa o indirectamente con los procesos de reforma.

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