Colombia es un Estado Social de Derecho, como tal es responsabilidad del Estado propender por disminuir las desigualdades sociales y económicas y facilitar una adecuada oferta de los servicios públicos a todas las personas garantizando acciones de regulación encaminadas a generar condiciones de accesibilidad e igualdad para aquellos sectores de la población más vulnerables.La interpretación que se puede hacer de la Constitución y la legislación, en materia de servicios públicos domiciliarios, demuestra una tendencia moderna en su prestación dada por la posibilidad de permitir la concurrencia de otros operadores, comunidades organizadas, o particulares, con la salvedad de que la eficiencia, en la prestación de los servicios, se garantiza solo si el Estado establece todos los elementos regulatorios que redunden en una mejora sustancial para la población beneficiaria en términos de calidad y accesibilidad.El Estado debe asumir en la actualidad un rol que esté acorde con las exigencias de una realidad de mayor globalización. Dicha situación, exige de parte del Estado más versatilidad, innovación, agilidad, eficiencia, solidaridad y sostenibilidad en la implementación de sus políticas públicas para poder enfrentar las transformaciones económicas, políticas, sociales y ambientales que demanda este cambiante escenario mundial. En este sentido los tratados internacionales en materia de protección del medio ambiente ratificados por Colombia inciden en las formas de intervención del Estado en la actividad económica, al tiempo que brindan la posibilidad de concebir el suministro de servicios públicos domiciliarios de una forma novedosa en relación con dichas legislaciones internacionales sin perder de vista las oportunidades que en materia de transferencia de tecnologías e inversión en tecnologías limpias se pueden derivar de la aplicación de los mecanismos propuestos por dichos tratados.En Colombia empresas públicas de prestación de servicios públicos domiciliarios han incursionado en la ejecución de proyectos de innovadores de generación de energías limpias y de implementación de mecanismos internacionales propuestos para reducir los niveles de contaminación atmosférica, dichos proyectos son deseables social y ambientalmente no sólo por el impacto positivo que han generado en las condiciones de vida de la población de influencia del proyecto sino también por su contribución al desarrollo sostenible. Sin embargo las primeras experiencias no son rentables desde el punto de vista económico razón por la cual se requiere de una decidida intervención del Estado en este tipo de proyectos para así, en el mediano plazo, como sucede en la actualidad en el suministro de los servicios públicos, otros agentes diferentes al Estado se interesen por incursionar en proyectos que al mismo tiempo que sean económicamente rentables, se beneficien la sociedad y estén comprometidos con el medio ambiente.

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