En la VI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada en Costa Rica en julio de 2004, se aprobó una declaración sobre la "Reforma del Estado y Reforma de la Política para Construir una Democracia de Ciudadanía", con el propósito de contribuir a que las instituciones de gestión de los Estados Iberoamericanos estén dotadas de las capacidades necesarias para asegurar la gobernabilidad democrática y la consecución de los objetivos de desarrollo económico, bienestar y equidad social. En dicha declaración, conocida por el Consenso de San José, se reconoce que ha aumentado globalmente la conciencia sobre la necesidad de evaluar la gestión de los organismos públicos, a través de sistemas internos y externos que examinen el cumplimiento de las políticas, metas y objetivos propuestos, así como la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, lo cual hace aconsejable la creación de instituciones nacionales de evaluación que permitan desarrollar dichos sistemas de evaluación. Como, asimismo, se señala en la citada declaración, evaluar y hacer más transparente el funcionamiento de la Administración Pública significa permitir el acceso a la información para que la ciudadanía exija cuentas sobre la gestión pública, lo que contribuye a la construcción de ciudadanía y al fortalecimiento de la democracia. En la Ponencia se refleja la coincidencia del contenido del Consenso de San José con la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, enfatizándose los rasgos más significativos de su implementación institucional.

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