En Colombia, como se sabe, se ha acentuado en la última época el proceso de migración forzosa generado por las violencias de distinto tipo que asolan esta sociedad. Se calcula que más de dos millones y medio de personas se constituyen en sujetos activos de desplazamiento y de migración forzosa, en los últimos tres años por causas que provienen desde los desplomes económicos de áreas enteras, hasta la retaliación y amenazas provenientes del conflicto armado y sus actores. Estos desplazamientos han generado enormes presiones para los entes territoriales (departamentos o gobernaciones, municipios y gobiernos locales). Igualmente se ha intentado configurar una política pública externa, en respuesta a este problema, determinada por el papel de organizaciones multilaterales tales como la Organización Internacional de Migraciones -OIM-; así como por organizaciones no gubernamentales de distinto cariz. El articulo, por lo tanto, analiza el proceso de respuesta y la creatividad suscitada frente a los problemas presentes en el tratamiento del desplazamiento forzoso y la migración especialmente en el suroccidente colombiano, a lo largo de los últimos cuatro años; correlacionando los actores internacionales, las instituciones no gubernamentales, los gobiernos locales, el gobierno nacional, y la propia dinámica implícita en el denominado "Plan Colombia", mecanismo de lucha contra la drogadicción, soportado en el apoyo económico y militar de los Estados Unidos a Colombia desde la administración Pastrana y que continúa con el actual gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez.

Español