En los últimos años, el impulso a la "democratización" en México parece centrarse en el ámbito político, dejando de lado el diseño de instrumentos y mecanismos que incidan en lo que algunos señalan como democracia también en los ámbitos económico y social. La política económica llevada a cabo hasta ahora ha dado lugar al descontento social, entre otras cosas, por la disminución en la calidad de vida de la población.Frente a la crisis económica y el cuestionamiento al modelo neoliberal que minan la capacidad de acción del Estado, las tendencias actuales se caracterizan por buscar nuevos modelos gerenciales y participativos dentro de la creación de políticas públicas. En este sentido, la participación comunitaria en la preparación, diseño, gestión y evaluación de los proyectos, programas o políticas en sus comunidades se constituye en una forma para expandir la colaboración a todos los sectores de la sociedad.La sustitución del modelo vertical y autoritario por el de desarrollo participativo supone, la creación de un conjunto de marcos que definan funciones, objetivos y estrategias que proporcionen congruencia al proyecto de desarrollo dentro de una sociedad en la que prevalecen instituciones democráticas. En este sentido la creación de la Ley General de Desarrollo Social representa un avance significativo. En este trabajo se presentan algunas aportaciones que las organizaciones sociales hicieron y el papel que ésta les otorga como impulsoras del desarrollo en México.

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