En octubre de 2003 entró en vigor en México la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la cual establece las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio profesional de carrera en la administración pública federal centralizada, bajo criterios de legalidad, eficiencia, objetividad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y calidad. En el contexto de una reciente transición democrática, su implementación se considera esencial para la profesionalización de los servidores públicos, para mejorar su desempeño y lograr mejores y más eficientes políticas gubernamentales.El marco normativo del servicio profesional de carrera tuvo la gran virtud de partir del consenso de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los partidos políticos. Fue ampliamente aceptada la idea de que la administración pública debe basarse en el principio fundamental del mérito, pensando en tener funcionarios mejor preparados, con las habilidades indicadas para cada puesto, y apegado a consideraciones de equidad de género y edad, propiciando la igualdad de oportunidades. Ofrece también el incentivo de seguridad en el empleo, perspectivas de carrera a largo plazo para funcionarios que cumplan con los requerimientos y normas de servicio, con posibilidades de formación y capacitación. Por supuesto que esto plantea el riesgo de crear un cuerpo de funcionarios complaciente y cómodo, que se dedique a acumular privilegios. Sin embargo, los beneficios de la profesionalización ameritan su impulso y el buscar mecanismos de control para evitar los posibles abusos.El futuro del servicio profesional de carrera en México está estrechamente ligado a la aceptación en el corto plazo de sus cualidades positivas e impacto positivo en el quehacer del sector público, tanto por parte de sus potenciales miembros como entre la población en general. Requiere también el apoyo del poder legislativo, cuyo papel es clave en la asignación presupuestal que permita la viabilidad financiera del sistema. En el mediano plazo, es también de vital importancia el establecimiento de una cultura de confianza y valoración de resultados, en donde la calidad del desempeño y el principio del mérito sean los ejes rectores de la actividad del funcionario público. Los cambios deberán tener reflejo indudable tanto en el ambiente laboral al interior de las organizaciones públicas, como en la prestación de servicios públicos y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

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