En un mundo cambiante, globalizado e interrelacionado, la sociedad y los Estados han emprendido la revisión de las reglas del juego que han permitido articular sus recursos, esfuerzos y ámbitos de competencia. Las reglas del juego tiene dos ámbitos de referencia: la institucionalidad y la democracia. Al conjugarse, se convierten en sistemas de gobierno que tienen como objetivo garantizar que las contradicciones y las complejidades de la sociedad no se desborden para evitar la alteración violenta del orden establecido.La institucionalidad es fruto de acciones colectivas; los actores que en ella intervienen, alcanzan acuerdos para convertirla en un conjunto de normas coherentes y generales. No obstante, uno de los aspectos sobresalientes a considerar, es cómo se cumple la institucionalidad democrática. Sin duda, es la administración pública la que se encarga de que la institucionalidad entendida como capacidades de gobierno, tenga valor reconocido, a partir de llevar a cabo, el desarrollo de las acciones que permiten su cumplimiento. La administración de la institucionalidad democrática en las sociedades abiertas y en las economía de mercado, es un ángulo de primer orden que no de soslayarse para situar la efectividad de los gobiernos y la calidad institucional de los Estados.La presente ponencia analiza y explica el papel fundamental de la administración pública en la institucionalidad del poder democrático, destacando su aportación y responsabilidad como uno de los pilares centrales en la organización y funcionamiento de los sistemas políticos.

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