A comienzo de los años noventa y como consecuencia del default de 1988, el Presidente Menem impulsó la privatización de las empresas de propiedad del estado, tanto nacional como provincial o municipal, como corolario de una adhesión irrestricta a las políticas neoliberales. El proceso de concesión se realizó en un lapso muy breve, a pesar de su complejidad y envergadura, con el compromiso estatal de realizar previamente la tarea de disminución del número y costos del personal. Cerca de 200.000 empleados fueron despedidos e indemnizados. La elevada capitalización de los bonos de la deuda externa facilitó la incorporación al programa privatizador de un número considerable de bancos extranjeros y locales, quienes eran acreedores y poseedores de dichos títulos. A ellos se sumaron los grupos económicos locales con capacidad de financiamiento y, finalmente, las empresas transnacionales que aportaron tecnología y experiencia de gestión.Luego de la crisis del 2001 y dadas las graves consecuencias sociales expuestas por el repliegue del Estado, se comienza a retomar el control de las empresas revisando los términos contractuales y retomando las mismas, cuando la situación así lo aconseja. Más allá de ello, el debate entre lo público y lo privado, entre mercado y Estado, sigue presente, lo que exige prever estrategias adecuadas. La ponencia propuesta pretende analizar esa problemática.

Español