La implementación de un nuevo sistema procesal penal, sobre todo cuando se altera la estructura constitucional de investigación, acusación y juzgamiento, implica un esfuerzo conjunto de los distintos niveles de la función pública. Y, en esa tarea, es necesario que entre todos esos niveles exista una adecuada coordinación pues de lo que se trata es de armonizar la toma de decisiones y la ejecución de acciones dentro de una visión de conjunto con proyección de futuro que no puede ser otra que la realización de la justicia penal como un propósito común en tanto fin estatal por excelencia.En este ámbito, la reciente experiencia colombiana es claramente indicativa de la manera como, en el empeño de forjar un nuevo sistema procesal penal, fueron importantes los puntos de encuentro entre los distintos ámbitos de la función pública, pero también que han sido muy significativos los desencuentros institucionales. Esto ha sido así desde la fijación de la nueva estructura básica del proceso penal en la Constitución, pasando por su desarrollo legal y llegando hasta la operatividad misma del sistema. Incluso, las tensiones no se han circunscrito sólo a los tradicionales centros de poder político y jurídico sino que se han extendido también al ámbito académico. Desde una perspectiva normativa, las tensiones entre los distintos niveles institucionales de desarrollo del sistema acusatorio tienen su necesario punto de equilibrio en los fallos proferidos tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia, el primero como guardián de la supremacía e integridad de la Constitución y el segundo como máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria. Desde una perspectiva operativa, la experiencia colombiana debe aprovecharse para que se asuman los retos de formación profesional y de dotación de la infraestructura necesaria impuestos por un sistema de justicia que se ciñe a la oralidad. Finalmente, las tensiones surgidas entre algunas de las instituciones comprometidas con la reforma del proceso penal y algunos sectores académicos, han tenido la ventaja de impedir una recepción acrítica del sistema y han movilizado a la opinión para que se evite la simple reproducción de regímenes procesales foráneos y para que, en lugar de ello, se conciba un proceso penal capaz de administrar justicia penal en un marco de respeto de los derechos fundamentales de los intervinientes, compatible con la Constitución Política como sistema normativo y sin renunciar al potencial enriquecedor de la historia y de la cultura jurídica colombianas.

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