Recientemente, se han impuesto dos exigencias a los gobiernos locales en México: por una parte, la Ley de Aguas Nacionales (en concomitancia con la Ley Federal de Derechos) enfrentan a los municipios ante la disyuntiva de realizar onerosos pagos por las descargas del drenaje municipal o bien, construir plantas de tratamiento. Por otra parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos no sólo reitera la tarea la recolección de residuos urbanos sino que plantea la provisión de dispositivos de tratamiento y eliminación ecológicamente adecuados.Este tipo de proyectos imponen, en aras de la eficiencia económica, la coordinación de municipios y de actores tanto públicos como no públicos. Sin embargo, esos procesos no siempre conducen a decisiones y resultados satisfactorios y es ahí que la coordinación revela sus limitaciones.Al constituir ocasiones idóneas de coordinación intermunicipal, este tipo de iniciativas se presentan también como terreno privilegiado para reflexionar en torno a algunas de las dimensiones que se asocian al concepto de la gobernanza local, como el del uso creciente de contratos.Estas iniciativas, enmarcadas en escenarios intercomunidalidad, hacen aún más evidentes algunos de los problemas centrales de las discusiones contemporáneas acerca de la pertinencia de sustituir o no las técnicas clásicas de gobierno por las propias de la llamada gobernanza y que revelan fenómenos tales como el de la contractualización del gobierno.

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