Los cambios el contexto político, económico e institucional de los países latinoamericanos han afectado a la agricultura de diversas maneras, particularmente en la articulación entre los actores públicos y privados. La agricultura se ve afectada por las estrategias de apertura comercial, mercados más competitivos y menos regulados, así como con crecientes preocupaciones por las dimensiones sociales, ambientales y de gobernabilidad política en las zonas rurales de América Latina. Esos rasgos plantean cambios fundamentales en las reglas del juego a los Ministerios de Agricultura (MA), gremios y otros actores relacionados, obligándolos a repensar sus funciones y la forma en cómo las ejecutan.En los procesos de reforma en la agricultura, la búsqueda de la reducción de la intervención estatal en los mercados y de equilibrios fiscales, ha repercutido en un achicamiento y debilitamiento de los MA y en el traslado de funciones públicas a las organizaciones privadas del sector. Las herramientas tradicionales de política sectorial, como fijación de precios, compra-venta por organismos de comercialización, manejo de aranceles y cuotas al comercio exterior, tasas de interés preferenciales, han perdido validez y no han sido reemplazadas por nuevos instrumentos acordes con la normativa de la OMC. Las políticas públicas ahora tienen objetivos múltiples: no sólo producir alimentos y fibras, sino también preservar el ambiente, contribuir al desarrollo del territorio y disminuir la pobreza rural. Ello amplía el espectro de actores que tienen que ser tomados en cuenta (nuevos grupos de presión).Tres líneas de pensamiento que se impulsan: Primera, la visión de la agricultura como un sector ampliado que incluye las cadenas agroalimentarias, que requiere apreciar y entender las relaciones entre los productores y otros actores, permite dar énfasis al logro de la competitividad, donde las políticas que tienen influencia sobre ella no solo emanan de los ministerios de agricultura, sino también de otros ministerios (comercio, hacienda, salud y medio ambiente) y son cada vez mas dependientes de las políticas de terceros países y de las empresas transnacionales allí establecidas; La segunda se refiere a las relaciones entre la agricultura y el desarrollo rural. La agricultura, adecuadamente articulada a la agroindustria, contribuye al desarrollo rural, pero para que la agricultura y el medio rural se desarrollen, se requiere la construcción de caminos y la provisión de servicios públicos básicos a la población rural, y promover otras actividades no agrícolas en el medio rural. No es viable que los ministerios de agricultura carguen con la responsabilidad del desarrollo rural, pues en la mayoría de los casos no cuentan con los instrumentos de política necesarios para ello; Tercera, se insiste en que los ministerios de agricultura deben ser eminentemente normativos. Sin embargo, darles una mayor responsabilidad normativa implica también que deban tener funciones e instrumentos de política para fomentar el desarrollo de los mercados de servicios, tanto en relación con la demanda como con la oferta de estos. Asumir los retos que le impone el nuevo contexto, requiere que los ministerios de agricultura desarrollen acciones para: Fortalecer sus capacidades de análisis e intervención de la agricultura con una visión de mediano plazo, con enfoques de cadena de valor; programas de modernización de las organizaciones gremiales para que asuman funciones públicas; desarrollo de instancias y renovar las capacidades para el diálogo y concertación publico-privada ; políticas en las áreas de desarrollo tecnológico, promoción de la innovación, del capital humano, del riego, e impulso al mercado de servicios en el agro.

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