La globalización económica y la revolución tecnológica requieren de las naciones una administración pública con capacidad profesional y autonomía de la política, lo que plantea al empleo público dos severos escrutinios: el de la lógica de los mercados y el de las expectativas de la opinión pública.El primero enfoca la administración pública desde una perspectiva global y con criterios de racionalidad económica, y valora sus avances con indicadores de ese tipo.El segundo reclama que los procesos de modernización sean a la vez ejercicios de democratización de la gestión estatal que conlleven la responsabilidad de promover el crecimiento y la inserción en la dinámica mundial simultáneamente con la expansión de la capacidad institucional de lograr eficacia, eficiencia, solidaridad y rendición de cuentas sociales.Estas tensiones elevan la exigencias de capacitación para los agentes estatales, y ha llevado hacer una variable de especial relevancia en la normativa actual referida la empleo público: Ley Marco Regulatoria del Empleo Público Nacional y el Convenio Colectivo de Trabajo General del Sector Público.Se espera contribuir así a la profesionalización del empleo público, a la formación de elencos comprometidos con la sociedad a la que sirven y al uso experto de métodos cuantitativos y valorativos para la modernización del Estado.

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