En materia del Enfoque de Género del Presupuesto en general, del análisis cuantitativo preliminar efectuado, se aprecia que las mujeres no se encuentran adecuadamente representadas en el proceso presupuestario peruano, el mismo que no incorpora explícitamente un enfoque de género en su desarrollo. El análisis de la participación de las mujeres en sus comunidades, a través de lo que se hace con el presupuesto (actividades y proyectos) y sobretodo en la toma de decisiones es mínimo.Asimismo, no es posible identificar acciones que respondan a aspectos de género. Resultando difícil conocer a través del presupuesto qué proyectos son los que benefician prioritariamente a mujeres. Ello conduce a la necesidad de establecer un codificador ad hoc que permita distinguir de manera transparente y directa qué se viene haciendo en el tema de género, el mismo que actuará como "interfase" entre el clasificador presupuestario funcional programático que no recoge información sobre género ni permite atender las necesidades de información en esta materia. De esta manera, en la estructuración del presupuesto público, el instrumento principal de la política macrofiscal, se podría contemplar de una manera más apropiada la transversalización de la perspectiva de género, y el presupuesto podría colaborar con la implementación de una estrategia de intervención gubernamental de alcance multisectorial que contribuya a una adecuada articulación (en el diseño, implementación y evaluación) entre las políticas y sus estrategias por un lado, y los planes, programas, proyectos y presupuestos por el otro en materia de género.Por otro lado, respecto al Presupuesto Participativo en particular, debemos tener claro que la participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre cómo asignar los recursos públicos, requiere para su implementación exitosa y consolidación en el tiempo, no sólo de un adecuado arreglo institucional y jurídico y de una decidida voluntad política de las autoridades, sino también de una mejora en las capacidades técnicas y de gestión en los órganos subnacionales de gobierno y en la burocracia en general; de forma tal, que este proceso participativo sea un mecanismo legítimo, eficiente y ágil para lograr consensos básicos, acuerdos y compromisos en materia de asignación de recursos públicos y privados, que contribuya a: i) mejorar los canales de comunicación entre el Estado y los ciudadanos; ii) fortalecer el funcionamiento de la democracia a través de la posibilidad de los ciudadanos de participar en las decisiones públicas (y sobretodo en las decisiones de gasto con lo cual también se crea conciencia en la necesidad de mejorar los ingresos); y iii) consolidar la cooperación de los actores públicos y privados, optimizando las inversiones públicas y privadas para mejorar las condiciones de vida de la población, el manejo sostenible de los recursos, la competitividad y la integración nacional.

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