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Recurso digital |
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INAP-AR:CD 45 Congreso IX | Disponible | 011699 |
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El proceso que se inicia con la puesta en marcha de la externalización implica que la fase de la concepción y el diseño del servicio a externalizar ha sido concluida. Ello implica que se han establecido los objetivos a alcanzar, los recursos humanos y técnicos necesarios para el logro de esos objetivos, y dentro de ellos el estratégico de satisfacer al ciudadano. Por tanto se ha planificado el servicio, la estructura organizativa y las funciones que desempeñará la propia administración para garantizar el control, la evaluación, y la identificación de la opinión del ciudadano con la externalización.Dependerá de cómo se articulen los 4 ejes, planificación, control, evaluación e identificación de opinión del ciudadano, cada uno de ellos por si todos ellos en conjunto posibilitarán alcanzar el objetivo estratégico.En la propia planificación del servicio público y de la externalización, está la fundamentación para obtener unos u otros resultados, desde la perspectiva de la propia Administración, a efectos de responsabilidad pública y de garantía para el ciudadano. Por ejemplo: existe una gran limitación al no contemplar la evaluación ex -ante, así como en el propio concepto de evaluación para la externalización en un gran número de externalizaciones desde La Pampa del Cono Sur, al Círculo Polar, entre otros aspectos.La ponencia tratará de transmitir como abordar insuficiencias de la nueva gestión pública, y en concreto dentro de una opción neo pública. Contemplará como llenar los vacíos existentes, en el gran cambio que está suponiendo la Administración con gestión externalizada, que responde a las necesidades presentes y de futuro de una administración modernizada. La evaluación externa a la propia Administración y al ente gestor, en las externalizaciones pretende ser una de sus aportaciones.A título de señalar insuficiencias, Una de los vacíos que deben ser superados antes de poner en marcha el proceso de licitación y adjudicación del contrato para la prestación del servicio público, es necesario analizar dos cuestiones: la verificación de que se han tenido en cuenta las probables consideraciones sobre la aparición de riesgos que puedan afectar a la prestación del servicio externalizado y, en segundo lugar, un análisis sobre la existencia de potenciales proveedores del servicio cuya prestación se pretende externalizar, y finalmente la metodología para identificar la satisfacción del ciudadano.La toma de decisión de modificar el tipo de prestación de un servicio público pasando de una gestión directa a una gestión externalizada, y/o en los casos en los que se decide la prestación externalizada de un nuevo servicio público entraña una serie de riesgos que es necesario tomarlos en consideración.La actuación y por tanto el desempeño del sector público se produce en varios niveles, interdependientes pero diferenciados, que van desde el ámbito más superior, que podríamos denominar el nivel macro, desde el cual se definen y diseñan las políticas públicas, pasando por el nivel meso, en el que se operativizan los objetivos estratégicos de las políticas públicas, mediante programas y actuaciones en beneficio de los ciudadanos, hasta el nivel más micro, responsable de la gestión e implementación de esos programas y actuaciones, que se transforman en la prestación de servicios públicos.La administración puede y debería decidir implementar la prestación de los servicios públicos a través de la gestión directa o a través de terceros actores, mediante la externalización de la gestión y conservando la responsabilidad de la planificación, el control y la evaluación por parte de terceros, así como la capacidad de regulación de los servicios.Otra limitación que aún existe y que llevará a formular una propuesta es la propia concepción de evaluacional preguntarse y responder: ¿Qué es la evaluación en una externalización?Es un proceso planificado y dirigido de investigación y consulta a los diferentes actores involucrados con el servicio, o conjunto de servicios afines, prestados por una institución pública a través de un proceso de externalización, con el objetivo de contribuir a la mejora de la concepción de las políticas, de los programas y actuaciones, así como de la gestión de la prestación de los servicios públicos.
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