En la evaluación pública, ha venido dominando un enfoque relacionado con la programación, seguimiento y ejecución presupuestarios y con las auditorías del gasto y el control económico-financiero. Así, se desarrollan en España: el control externo realizado por el Tribunal de Cuentas que, como órgano parlamentario, fiscaliza las cuentas y la gestión económica del sector público; el control financiero de programas, con el que se evalúan resultados, desarrollado por la Intervención General del Estado, como instrumento básico para el cierre del ciclo presupuestario, sirviendo tanto para los que planifican y presupuestan como para los gestores de programas; la evaluación de la ejecución presupuestaria estatal realizada por el Ministerio de Hacienda; el control y evaluación de los servicios de cada Departamento ministerial, realizado por las Inspecciones de Servicios, directamente vinculados al gestor público; y, finalmente, en el nivel más micro de gestión, está el control interno de las organizaciones, no generalizado, que se evidencia crecientemente como herramienta imprescindible de la gerencia pública moderna, tanto para apoyar las decisiones directivas como para facilitar el cumplimiento de objetivos y la consecución de mayor eficiencia en el uso de los recursos, a través fundamentalmente de una nueva concepción de la gestión de riesgos corporativos.

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