Se considera necesaria una reconceptualización de los términos: gobierno, gobernable, gobernabilidad, gobernanza y gobernación, y vincularlos con el marco conceptual de la democracia y lo que ésta supone en relación con el sistema de controles, la rendición de cuentas y la transparencia.Se propone que la democracia sea definida como un sistema donde los gobernantes son los gobernados; donde los gobernadores son gobernantes; y donde el gobernador siempre es gobernado. Si estas relaciones se producen, entonces se puede hablar de gobernación democrática. Se desarrollan las dos corrientes académicas para la explicación de la gobernabilidad democrática. La primera estudia la capacidad de procesamiento del sistema; se asegura que las políticas públicas están mal diseñadas y que la administración pública ha quedado atrapada entre los intereses concretos que debería estar gobernando. La segunda sostiene que hay tres crisis en el Estado: una fiscal, una de racionalidad y otra de legitimidad. De acuerdo con las dos corrientes, el concepto de gobernabilidad puede definirse como el conjunto de condiciones que aseguran el ejercicio del poder, sin excesivo riesgo de desarticulación social y con mínimos necesarios de coherencia y unidad sociales.Se propone que la gobernación democrática sea diseñada sobre dos postulados: los siete pilares de la concepción democrática y sobre las ocho características inherentes del poder ejercido democráticamente.Finalmente, se conceptúa que la publicidad de lo público debe permitir que cualquier persona interesada en la cosa pública pueda juzgar por sí misma sobre el ejercicio del poder. Respecto de la transparencia, se comenta que el secreto es un rasgo inherente a toda administración pública y la discreción un rasgo cultivado por los administradores. Hay opacidad en los cuerpos legislativos, pues la legislación tal como hoy se produce no se discute públicamente; se formula, ordena y concluye en las comisiones. La transparencia, entendida como la obligación del Estado de proveer información sistemática a los gobernados, debe permitir que sea explícito para cualquier ciudadano no sólo qué hace su gobierno y con qué lo hace, sino además cómo se hace y por qué se tomaron ciertas decisiones que dejaron de lado otras posibilidades.Se define la rendición de cuentas como la obligación de informar sobre una responsabilidad conferida. A la luz de los principios de la administración responsable se propone una reconsideración de la definición tradicional para formularse como una relación basada en la obligación de demostrar el desempeño y asumir la responsabilidad correspondiente en términos de las expectativas convenidas.Se concluye que la gobernación y la gobernabilidad democráticas son fenómenos complementarios; el primero se refiere a la parte cualitativa de la democracia, y el segundo, a la posibilidad fáctica de producir los bienes y servicios públicos que hagan posible pasar de la convivencia a la cooperación social.

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