Dentro del proceso de reformas estructurales iniciadas en Bolivia en la década de los años ochenta con el fin de establecer las bases para el crecimiento económico, se capitalizaron las empresas públicas y se crearon los sistemas regulatorios, restringiendo el papel del Estado en la economía.El sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) creado como parte de este proceso con el objeto de regular las actividades de las empresas, fue estructurado con una Superintendencia General y cinco Superintendencias Sectoriales de Electricidad, Hidrocarburos, Saneamiento Básico, Telecomunicaciones y Transportes. La Superintendencia General cumple funciones de apelación, fiscalización y coordinación, y no realiza directamente la función regulatoria ni tiene autoridad jerárquica sobre las otras superintendencias. Las Superintendencias Sectoriales son entidades autárquicas que ejercen la función regulatoria en sus respectivos sectores.La función de fiscalización de la Superintendencia General que contempla la emisión de la Opinión sobre Eficacia y Eficiencia de la gestión de los Superintendentes Sectoriales, tiene como propósito contribuir a que la regulación sea eficaz y eficiente, promoviendo un continúo mejoramiento y perfeccionamiento de la regulación en el tiempo. Con este objeto se ha definido un modelo de evaluación de la eficacia y eficiencia a partir de las actividades realizadas en una gestión fiscal y su contribución a los objetivos regulatorios. Este modelo comprende la aplicación de formulas simples donde se comparan metas y costos programados y reales, cuyo proceso es complementado con una evaluación cualitativa. El impacto en los objetivos regulatorios se aproxima a través del análisis de series temporales, en general de 5 años donde sólo el último tiene alguna relación con la eficacia y eficiencia de la gestión evaluada.A fin de explicar el comportamiento de la capacidad regulatoria del SIRESE después de casi 8 años de experiencia, se pudo observar que la eficacia y eficiencia de los reguladores tiene una alta correlación con variables institucionales como la titularidad de los reguladores y la autonomía económica, entre otros. El análisis muestra que la ausencia de Superintendentes titulares y la perdida gradual, de la autonomía económica en particular, fueron determinantes para la caída de la eficacia y eficiencia. A esto se debe agregar la falta de acompañamiento de la regulación por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo a fin de actualizar y complementar la normativa regulatoria.A pesar de las dificultades, la fiscalización y la evaluación de la Eficacia y Eficiencia tuvieron avances y contribuciones interesantes en la transparentación de la gestión de los reguladores, fortalecimiento de la capacidad regulatoria, mejoramiento de los procesos administrativos y en la disminución de las asimetrías de información. Sin embargo queda mucho por hacer para optimizar este proceso y contribuir a una mejor regulación de los sectores de servicios básicos de la economía.

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