La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada el 30 de diciembre de 1999, en la Gaceta Oficial Número 36.860 y reimpresa el 24 de marzo de 2000, en la Gaceta Oficial Número 5.453 Extraordinario crea dos nuevas ramas del Poder Público Nacional como son el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, rompiendo así, con el esquema clásico del Estado moderno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La Contraloría forma parte del Poder Ciudadano.En este nuevo esquema, la Contraloría General de la República juega un papel fundamental en la construcción de una nueva República, mediante la implementación de mecanismos que garanticen una eficaz lucha contra la corrupción, y promuevan la transparencia en la administración de los recursos y el gasto público con criterios de eficiencia y rendición de cuentas; factores primordiales para el logro de las grandes metas del desarrollo nacional.En los últimos años la corrupción ha asumido diferentes formas y con la globalización, se ha convertido en un serio problema para la comunidad internacional. Sus consecuencias son de todos conocidas: afecta a toda la sociedad; socava el imperio de la Ley; hace que las personas pierdan confianza en sus gobiernos e instituciones; disminuye las inversiones y retarda el crecimiento económico; desestimula la inversión foránea; desvía los fondos públicos en detrimento del bienestar de los ciudadanos y en definitiva, aumenta los niveles, de pobreza al punto que todos nosotros hemos sufrido sus efectos.Así, por los efectos devastadores de la corrupción, se evidencia la existencia del binomio, corrupción-pobreza, en el que un mayor grado de corrupción genera un mayor grado de pobreza en nuestros países. De allí la extrema necesidad de que implementemos medidas que conlleven, no solo a minimizar los efectos de la corrupción y a castigar a quienes cometen actos corruptos, sino a erradicarla de nuestros sistemas.En este sentido, la transparencia en la gestión pública, la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones del gobierno, la responsabilidad de los funcionarios públicos en cuanto a sus decisiones y su forma de gerenciar los recursos del erario público, son componentes fundamentales de un sistema democrático y elementos complementarios del derecho inherente al ciudadano de elegir a sus autoridades, pero además, representa una valiosísima herramienta en la lucha contra la corrupción.Un plan de acción, que pretenda instaurar hitos de control, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la democracia, aplicando criterios de transparencia y respondabilidad en ningún momento debe dejar de lado aspectos como la independencia de los órganos de control, la participación ciudadana y la corresponsabilidad.

Español