Este Régimen especial de Seguridad Social y, en particular, la protección sanitaria y social que dicho Régimen ofrece y cuya gestión compete a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), surge en 1975 como respuesta a la demanda de tales tipos de protección, no cubierta hasta ese momento, al haber quedado dichos funcionarios excluidos del campo de aplicación del Régimen general de la Seguridad Social.En el devenir de estos casi treinta años de vigencia del modelo, éste ha ido consolidándose, mediante la adaptación permanente de la protección sanitaria a los parámetros establecidos para todo el Sistema Nacional de Salud, en el cuál se encuentra incluido, englobando también la asistencia de los funcionarios destinados en el extranjero. La fórmula elegida para llevar a cabo esta protección ha sido la de gestión indirecta, a través de conciertos o contratos con las Instituciones Públicas prestadoras y con las Entidades de Seguro Libre. Dicha fórmula, que en un primer momento originó incertidumbres, ha terminado mostrándose como un sistema muy apreciado por los usuarios, en el que la libertad de elección se configura como uno de sus pilares fundamentales.Por otra parte, éste planteamiento hubiera quedado mutilado si no contase con la progresiva extensión de las prestaciones sociales, hasta incluir un amplio elenco de medidas protectoras, cuyo hito más reciente ha sido el establecimiento de las Ayudas de Protección Sociosanitaria, que abarcan Programas para Mayores, Personas con Discapacidad, Enfermos Psiquiátricos Crónicos y Personas Drogodependientes, muy en consonancia con las necesidades y contingencias que la realidad social actual plantea como retos para la atención de los mutualistas que se encuentran en situaciones de dependencia.Ahora bien, la gestión de este conjunto prestacional requiere de una organización basada en los principios de transparencia y participación, en la que la presencia de los representantes de los mutualistas esta garantizada en los órganos de control y vigilancia de la gestión. Por otra parte, se cuenta con un sistema ágil de gestión de quejas y reclamaciones y de atención a sugerencias, complementado, en lo que se refiere a asistencia sanitaria, con la figura de las Comisiones Mixtas, en cuyo seno se analizan tales reclamaciones individualmente y se adoptan los acuerdos necesarios. Todo ello se complementa con el sistema de medición del logro de los compromisos adquiridos, ofreciendo índices de calidad y programas de mejora.En lo que se refiere a la estructura organizativa, se caracteriza por la proximidad al mutualista, a través de las sedes provinciales, en cuyo trabajo cabe destacar la utilización de procedimientos de gestión ágiles y dinámicos, en permanente adaptación al de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.Por último, nada de todo lo explicado hasta este punto podría realizarse si no se contara con un adecuado sistema de financiación sostenible, que funciona de acuerdo con el principio de reparto y que, hasta el momento presente, tiene carácter contributivo, dotándose fundamentalmente a través de las cotizaciones de los mutualistas y del Estado, como empleador. No obstante, como uno de los retos que se ofrecen a medio plazo, se plantea la necesidad de ir transformando progresivamente dicho carácter contributivo hacia las pautas de armonización de los recursos, de manera que, al menos, la asistencia sanitaria pueda financiarse de modo no contributivo, a través de impuestos.

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