Una de las expresiones del Estado Administrador es su enorme poder regulatorio. Sectorialmente puede afirmarse que las normas administrativas generales son las normas de primera mano que aplica la Administración Pública.En el proceso de creación de normas administrativas no solamente se presenta el "interés general" sino que se decide sobre intereses de los distintos sectores involucrados.La discrecionalidad de la administración para crear normas se ve acotada con la introducción de la consulta y opinión social previa a la emisión de las normas, la mejora regulatoria, así como por el sistema de transparencia y acceso a la información.Sin embargo, la regulación resultante se determina también por el diseño de las instituciones públicas que participan en la decisión y en el procedimiento en el que se interiorizan los intereses.En el caso mexicano, la conformación de los órganos de decisión y el diseño del procedimiento favorece la captura del regulador y de las regulaciones por los grupos de interés, borrando la distinción entre regulador-regulado. Además aquellos sectores de la población que no obstante estar interesados, pero que por su propia composición los hace un conglomerado sin articulación, impide la representación de sus intereses. La madurez y fuerza de los actores, importa también.Para ilustrar el proceso se escoge el caso del acceso a la información de los expedientes clínicos, que expresa las dificultades que para obtener información provoca una regulación "capturada. Al mismo tiempo, muestra las posibilidades de los sistemas de acceso a la información como contrapeso.No obstante el valor de las acciones de acceso a la información, el problema regulatorio subsiste, la operación y el rediseño normativo expresa una diversidad de dilemas éticos.

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