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El gobierno electrónico como instrumento de responsabilización

Por: Rincón Cárdenas, ErickColaborador(es): CLAD | Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 9 MadridDetalles de publicación: Bogotá Universidad del Rosario 2004Descripción: 21 pTema(s): ADMINISTRACION ELECTRONICA | CONGRESO CLAD 9-2004 | CONTRATOS PUBLICOS | CONTROL SOCIAL | ETICA | NUEVA TECNOLOGIA | RESPONSABILIDAD | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | TRANSPARENCIA | COLOMBIAOtra clasificación: INAP-AR:CD 45 Congreso IX Resumen: El cambio que ha provocado la incorporación de las tecnologías dentro del andamiaje de la empresa, entendida en sentido amplio en la cual se involucra tanto al sector público, como al sector privado indistintamente, ha modificado ostensiblemente los paradigmas que gobernaban las concepciones de gestión, las formas de adquisición de bienes y prestación de servicios.En esa línea, los gobiernos actuando al interior del entorno de la globalización económica, han venido asimilando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, promoviendo su uso e implementación como un factor decisivo en la consolidación de mejores y más productivos recursos económicos, y convirtiéndolas en un nuevo canal de comunicación con los ciudadanos.Dentro del contexto antes expuesto, se encuentra el uso de las tecnologías de la información por parte de la administración pública, denominado "gobierno en línea" o "gobierno electrónico", bajo la perspectiva de interacción de la administración pública con los administrados. La dinámica del gobierno electrónico ha hecho posible ver a las nuevas tecnologías, como instrumentos de responsabilización de la acción del Estado, por la correspondiente eficiencia y transparencia que imprimen en la administración.El denominado "gobierno electrónico" se ha convertido en los últimos años en un medio para el acceso de los ciudadanos a la información y a diversos servicios del Estado, y en mecanismo de promoción de los cambios en instituciones administrativas, orientado bajo los principios de transparencia, moralidad, economía y celeridad, todo ello con el fin de prestar un mejor servicio a los ciudadanos.Bajo esta perspectiva, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, posibilitan un proceso de reingeniería en la administración pública gracias al cual se corrigen en parte los defectos que la descentralización por servicios, y se genera una cultura de información integrada a partir de procesos de eficiencia, lo que redunda en menor gasto público y en sistemas de rendición de cuentas más adecuados, completos y claros para los ciudadanos.En tal sentido, estamos ante la apertura a un nuevo derecho, que requiere más prontas y efectivas soluciones; y que se ubica retornando a su posición preferencial dentro del desarrollo del conglomerado humano. La Administración electrónica es una vía para avanzar hacia el desarrollo del "mejor gobierno", en donde la tecnología es fundamentalmente un medio y no un fin en sí mismo. El valor de la Administración electrónica, por tanto, no reside en el traslado de los servicios que presta la Administración, sino que debe responder a la optimización de los esquemas del servicio público, de tal forma que permitan una mayor eficiencia y eficacia en las relaciones con los ciudadanos y empresas, así como propiciar el cambio cultural que exige la implantación de la sociedad de la información.
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INAP-AR:CD 45 Congreso IX Navegar estantería (Abre debajo) Disponible 011555

El cambio que ha provocado la incorporación de las tecnologías dentro del andamiaje de la empresa, entendida en sentido amplio en la cual se involucra tanto al sector público, como al sector privado indistintamente, ha modificado ostensiblemente los paradigmas que gobernaban las concepciones de gestión, las formas de adquisición de bienes y prestación de servicios.En esa línea, los gobiernos actuando al interior del entorno de la globalización económica, han venido asimilando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, promoviendo su uso e implementación como un factor decisivo en la consolidación de mejores y más productivos recursos económicos, y convirtiéndolas en un nuevo canal de comunicación con los ciudadanos.Dentro del contexto antes expuesto, se encuentra el uso de las tecnologías de la información por parte de la administración pública, denominado "gobierno en línea" o "gobierno electrónico", bajo la perspectiva de interacción de la administración pública con los administrados. La dinámica del gobierno electrónico ha hecho posible ver a las nuevas tecnologías, como instrumentos de responsabilización de la acción del Estado, por la correspondiente eficiencia y transparencia que imprimen en la administración.El denominado "gobierno electrónico" se ha convertido en los últimos años en un medio para el acceso de los ciudadanos a la información y a diversos servicios del Estado, y en mecanismo de promoción de los cambios en instituciones administrativas, orientado bajo los principios de transparencia, moralidad, economía y celeridad, todo ello con el fin de prestar un mejor servicio a los ciudadanos.Bajo esta perspectiva, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, posibilitan un proceso de reingeniería en la administración pública gracias al cual se corrigen en parte los defectos que la descentralización por servicios, y se genera una cultura de información integrada a partir de procesos de eficiencia, lo que redunda en menor gasto público y en sistemas de rendición de cuentas más adecuados, completos y claros para los ciudadanos.En tal sentido, estamos ante la apertura a un nuevo derecho, que requiere más prontas y efectivas soluciones; y que se ubica retornando a su posición preferencial dentro del desarrollo del conglomerado humano. La Administración electrónica es una vía para avanzar hacia el desarrollo del "mejor gobierno", en donde la tecnología es fundamentalmente un medio y no un fin en sí mismo. El valor de la Administración electrónica, por tanto, no reside en el traslado de los servicios que presta la Administración, sino que debe responder a la optimización de los esquemas del servicio público, de tal forma que permitan una mayor eficiencia y eficacia en las relaciones con los ciudadanos y empresas, así como propiciar el cambio cultural que exige la implantación de la sociedad de la información.

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