El paper se propone revisar, desde una perspectiva comparada que toma como referencia tres casos latinoamericanos, aquellos elementos propios del juego político que facilitan u obstaculizan avanzar en la coordinación de políticas sociales, incluyendo programas específicos.Interpretar los avances o retrocesos en la coordinación de políticas y programas sociales implica ir más allá de normas formales (pero incluyéndolas) que se han ido formulando en los diversos países latinoamericanos. Requiere atender también a las reglas informales que regulan la interacción entre aquellos actores con algún grado de responsabilidad en la gestión de la política social. Ambos aspectos de la institucionalidad, lo formal e informal, remiten de modo directo a la "política de la política social" y sus impactos en la coordinación, lo cual implica entender las fuerzas relativas de los actores, la estructura de oportunidades en la que los mismos interactúan, el papel de los liderazgos, los legados de culturas políticas y estilos de gestión, entre otros aspectos.Tomando como punto de referencia situaciones ya experimentadas en países importantes de la región en materia de coordinación de políticas y programas sociales, el paper se propone extraer enseñanzas para el caso de Guatemala. En este país, caracterizado por amplias necesidades no resueltas, la nueva etapa política iniciada a inicios de 2004 ha vuelto a colocar en la agenda gubernamental la necesidad de coordinar los esfuerzos de las áreas sociales del Estado en función de avanzar en intervenciones más integrales y mejorar la equidad y eficiencia de las intervenciones públicas.

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